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| El Derecho de los Pueblos en la ONU |
La ley se interpreta en sentido amplio y en sentido
estricto. Un profesional del derecho no puede, en honor a la etica, realizar
interpretaciones antojadizas, so pena de ser suspendido o descalificado. La
resolución dictaminada por la C.C. es específica 'latu sensu' en cuanto que el
sujeto nominal implicado es sobre-entendido, Para el efecto el presidente
del CEDECON Lic. Ovidio Parra, aclara: "la decisión de la Corte debe
cumplirse en su sentido lato, se ordena al gobierno el ingreso del Comisionado
nombrado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, independientemente de
quien sea, ya sea Velasquez u otra persona. Se tiene que obedecer esta
resolución. No puede haber otra interpretación antojadiza." (Prensa Libre
18-09-18) El jueguito infantil de asesores, ministros y diputados, en cuanto a
pretender retorcer los preceptos legales deja mucho que desear, más parece un
enanismo intelectual, que capacidad de disentir. Queda claro no sólo la pésima
preparación de los funcionarios y la absoluta falta de ética, si no que también
el peligro que corre el estado de derecho, y en su defecto el mismo dinero del
erario el cual como se ha visto lo han convertido en despojo de rapiña. Uno se
pregunta cuánto se ha gastado en los errores y escándalos del supuesto "administrador"
del estado, o mejor dicho, cuánto se ha perdido para que esa clase de ineptos,
hagan su capricho. Ese será objeto de un cuidadoso análisis de los peritos en
la materia. La pregunta que surge es ls siguiente: Cómo puede una institución que
es propiedad del pueblo seguir manteniendo a esta clase de parásitos...? Porque
se sabe que hasta donde la lógica jurídica se extiende, ellos deberían de ser
destituidos bajo el cargo de evidente incapacidad para ejercer con solvencia
las atribuciones que les confiere la constitución. No hay duda que de alguna
manera saldría más barato para el pueblo tener un mecanismo legal que permita
la depuración de funcionarios ineptos para el ejercicio de la administración
pública. En más de una ocasión se ha sugerido la instalación de un filtro como
la Escuela Cívica. Esta se encargaría de instruir a los aspirantes a desempeñar
un cargo dentro de la administración del estado. Es una buena iniciativa que
curiosamente, siempre ha sido relegada a segundo plano, pero, observando la
ineptitud, el capricho, el berrinche, de estos "funcionarios"
ineptos, tenemos que buscar una solución que no permita que mentalidades
inmaduras asuman el control de una nación. Para darle cuerpo a esta Escuela
Cívica, bastaría con una sencilla enmienda a la ley electoral, y efectuar las
asignaciones presupuestarias para que que el ente pueda funcionar de una manera
adecuada. Y todo ciudadano sin importar raza, religión, o doctrina ideológica
tendría el derecho de participar si pretendiera ser electo a un cargo público.
Este podría ser el inicio de un verdadero estado democrático administrado por
personas conscientes de lo que significa el peso de la ley. Si seguimos como
estamos, corremos el riesgo de seguir tropezando con la misma piedra. Con el respeto
de siempre: El Autor.
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