Mientras que en Honduras la intransigencia no permite a los actores políticos encontrar una salida lógica a la crisis institucional, en Guatemala se dió el más importante paso de los últimos tiempos para consolidar el estado de derecho. La instalación de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, CICIG, desató la oposición de sectores conservadores, quienes aludían que la intervención de la instancia en Guatemala era una intromisión en los asuntos internos de la nación. Lo cierto es que, después de muchos debates públicos se llegó a la conclusión, dado el clima de inseguridad que venia asolando a Guatemala, que si la Organización de las Naciones Unidas, estaba dispuesta a colaborar con el país para desarticular a los grupos clandestinos que, incrustados en el mismo estado promovían la corrupción, siendo partícipes, a la vez, del clima de violencia e inseguridad social que se vivia en el país, no se podía despreciar dicho aporte.
Es asi como Guatemala se embarca en una aventura inédita, permitiendo que la Comisión de las Naciones Unidas actuara en esta nación. Como es lógico suponer, la Comisión no le cuesta a Guatemala un solo centavo, dado que la Comunidad Internacional determinó apoyar al ente economicamente. Dos años después, la evaluación pública del funcionamiento de la CICIG, ha sido aprobada de manera casi unánime por todos los sectores tanto políticos, como sociales. Los resultados, están a la vista. Desde el diagnóstico de la situación de los tribunales, el funcionamiento y propuesta de fortalecimiento del ministerio público, la depuración de la policía, la ley que permite escuchas autorizadas, la protección de testigos, etcétera, hasta la promulgación de la la Ley de Comisiones de Postulación.
El trabajo del Dr. Castresana, ha dado frutos positivos, aunque el camino ha sido tortuoso, sin embargo, aquí podemos mencionar que, no se contaba con el caracter tenaz del comisionado, para alcanzar la instancia que hoy por hoy se ha logrado en Guatemala, en cuanto al fortalecimiento del sector justicia. Esperamos que los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia y, Corte de Apelaciones, después de haber superado todas las pruebas a las que se vieron sometidos, es decir, a la auditoria social, puedan realizar un buen trabajo, apegados, por supuesto, de una manera estricta a los procedimientos que determina la doctrina legal, sin presiones de ninguna índole.
No esta demas felicitar a los actores sociales que se involucraron en esta batalla legal por establecer un verdadero estado de derecho en Guatemala. La lucha, creemos, no ha sido infructuosa. Esperamos que esta sea la verdadera luz al final del túnel.
Nota: ERRAR ES DE HUMANOS, RECTIFICAR ES CUESTIÓN DE SABIOS.

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